A propósito de la presentación de un informe sobre el tema a la prensa, la experta calificó los riesgos que enfrentan las atletas como un problema de derechos humanos grave y sistemático.
“Su capacidad para practicar deportes en condiciones de seguridad, dignidad y equidad se ha visto aún más erosionada por la intrusión de hombres que se identifican como mujeres en categorías y espacios exclusivos para mujeres”, dijo.
Entre otras formas de violencia, Alsalem incluyó entre las más comunes a la económica, física o psicológica, el control coercitivo, la violencia en línea y también la negligencia en el caso de los menores, particularmente en algunos deportes como la gimnasia.
La relatora especial independiente para la violencia contra las mujeres y las niñas incluyó entre los perpetradores y cómplices más comunes a actores estatales y no estatales.
“Desde entrenadores, colegas profesionales, familiares, directivos, espectadores y responsables políticos”, alertó.
A su juicio, los estados también pueden ser considerados cómplices cuando no previenen, procesan y sancionan los actos de violencia contra las mujeres y las niñas en el deporte.
“La impunidad fomenta la cultura del silencio y la injusticia”, insistió la experta.
Esto se produce en parte por los marcos regulatorios autónomos de las organizaciones deportivas, que no incorporan suficientemente la perspectiva o el marco de derechos humanos en el trabajo, y tienden a priorizar la reputación y la conquista de derechos por sobre la justicia y la rendición de cuentas a las víctimas, consideró.
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