En un artículo que circula este viernes aquí, el defensor de los derechos humanos aludió al informe presentado en septiembre pasado por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, en el cual hace un balance del impacto de esa política de guerra contra la nación caribeña.
Recordó que desde el 7 de febrero de 1962, Washington implementó ese cerco contra La Habana y en 62 años provocó daños “deliberadamente en el sector económico comercial, servicios públicos, energético, turismo”, y en sectores no estatales de la economía.
Martorano afirmó que los “promotores del bloqueo contra Cuba repiten engañosamente que es una mentira o una excusa” y aseveró que lo cierto del caso es que “se trata de una herramienta de guerra abierta para asfixiar a ese hermano pueblo y pretenden condenarlo al exterminio”.
Refirió que abundan “ejemplos muy dolorosos sobre este crimen que afectan a toda la población cubana”.
El integrante de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras Socialistas de Venezuela, en base a informes oficiales de la isla, señaló que del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, Cuba sufrió daños por concepto del bloqueo en el orden de los cinco mil 56,8 millones de dólares.
Esa cifra, indicó, representó un incremento de 189,8 millones con respecto al período anterior.
El militante revolucionario venezolano en su reflexión valoró que los retos actuales de la realidad cubana tendrían mejor y más fácil solución “si la hermana Cuba pudiera disponer de los cuantiosos recursos de los cuales el bloqueo la priva”.
A juicio del abogado, las medidas de mayor severidad contra la mayor de las Antillas están la inclusión en la lista unilateral del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre países supuestamente patrocinadores del terrorismo y la aplicación del Título III (Ley Helms-Burton).
Así como las sanciones o amenazas de sanciones contra las empresas navieras, transportistas, aseguradoras o reaseguradoras involucradas en el suministro de combustible a Cuba; y la persecución intensa y minuciosa a las transacciones financieras cubanas.
Martorano ejemplificó con datos recogidos en el informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, el impacto de la medida coercitiva en la economía, la educación, el transporte y otros.
Enfatizó que La Habana no tiene acceso al “financiamiento privado o federal desde Estados Unidos, ni crédito a ninguna empresa de cualquier país”.
El defensor de los derechos humanos expresó que año tras año los pueblos del mundo “condenamos esta política genocida y criminal”, y apuntó que los días 28 y 29 de octubre nuevamente las autoridades cubanas presentarán ante la Asamblea General de la ONU esa resolución.
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