La decisión fue calificada por el jefe de Estado como el inicio de un golpe contra su fuero presidencial, violatorio de la voluntad de los 11 millones de personas que votaron por su proyecto progresista, y una fractura burda e incontrovertible de la Constitución.
“El Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido pone en peligro la institucionalidad que represento”, afirmó el mandatario.
A continuación, desmintió las principales acusaciones que le achaca el CNE.
Comentó que los presuntos aportes de la Unión Sindical Obrera y de la Federación Colombiana de Educadores no fueron a la campaña, sino al partido Colombia Humana.
Agregó que los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña y que todos los gastos por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva.
“Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que avaló a los 30 días de la campaña la veracidad de las cuentas presentadas”, explicó el jefe de Estado.
También refirió que los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, y especificó que las facturas entregadas corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero que estas fueron desconocidas.
Petro detalló asimismo que el evento del triunfo electoral realizado el 19 de junio tuvo gastos, pero que la festividad ya no era parte de las acciones proselitistas.
En tanto, la Cancillería alertó al cuerpo diplomático y a la comunidad internacional que la democracia del país está en peligro.
En una alocución realizada desde la sede de esa institución, el vicecanciller Jorge Rojas calificó la situación como grave y consideró que la maniobra contra el mandatario pretende llevar ese proceso hasta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado para promover una eventual destitución.
Por su parte, el abogado del mandatario, Héctor Carvajal, comentó que se abstendrá de imponer una querella contra el CNE por considerar que las acciones de ese órgano son incompatibles con sus competencias y marco legal.
Según planteó, la estrategia a seguir por el equipo legal busca ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado, cuando fungía como alcalde de Bogotá y arbitrariamente lo sacaron de ese puesto.
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