El sondeo de la empresa Ipsos coincidió con el previo de la firma Datum en verificar la desaprobación de 92 por ciento a la mandataria y le asignan una aprobación de solo cuatro por ciento, la primera, y de cinco cinco por ciento la segunda.
Ipsos reporta una desaprobación de 88 por ciento al Parlamento y de 77 por ciento al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el ojo de la tormenta por dos recientes paros de transportistas, que anuncian nuevas protestas.
El analista político Gonzalo Banda señaló que las encuestas evidencian una grave situación que puede hacer a Perú ingobernable, pues el Estado, o sea el Gobierno y el Parlamento, no cumplen la obligación esencial de proteger la vida de los ciudadanos.
Con ello, se refirió así a las extorsiones masivas y los asesinatos por sicariato que motiva importantes protestas sociales.
“La falsa sensación de que se podría contener una crisis política gigante sin adelanto de elecciones solo ha ahondado la sensación de ingobernabilidad”, dijo sobre la presidenta, cuyo ascenso al cargo por sucesión fue rechazada por casi tres meses de protestas, reprimidas con un saldo de 50 civiles muertos.
Entretanto, una sector de transportistas, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, anunció un programa de paralizaciones por la reforma de una ley que aminora la drasticidad de la ley contra el crimen organizado y mayor seguridad.
La organización indicó que alista un paro nacional para el 12 de noviembre y movilizaciones preparatorias de la huelga en Trujillo y otras ciudades del norte del país, el 22 de octubre, y en Lima y otras ciudades, el 31 de octubre.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, sostuvo que la paralización anunciada tiene carácter político y alegó que una huelga daña la economía nacional y la de todos los sectores.
“No hagamos el juego a la violencia”, agregó, reiterando los argumentos del Ejecutivo que vinculan a las manifestaciones con la violencia, por incidentes registrados durante las protestas.
Tras el exitoso paro del transporte, el jueves y viernes últimos, un bloque mayor de organizaciones de transportistas anunció por otra parte una huelga nacional por la nulidad de la norma que, denuncian, perjudica la lucha contra el crimen organizado, y del proyecto gubernamental sobre “terrorismo urbano”.
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