La fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, los responsabiliza por el delito de «omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios».
Aunque en un inicio se preveía que enfrentarían cargos por mil 386 casos, Chong decidió enfocarse en 228 en los cuales las víctimas resultaron heridas con armas antidisturbios como escopetas y lanza gases que provocaron lesiones graves o muertes.
Durante las revueltas populares, extendidas entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se registraron en el país unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con daños oculares.
Para la vocera de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, María Paz Grandjean, constituye un hito importante el inicio del proceso penal contra los altos mandos de la institución policial.
“Como agrupación, lo que nosotros deseamos es un real nunca más, que verdaderamente existan las garantías de no repetición, y para que eso suceda, debe haber justicia y reparación”, dijo la portavoz al programa Radioanálisis de la Universidad de Chile.
El proceso contra los exgenerales coincide con el quinto aniversario de las protestas que comenzaron contra el aumento del precio del pasaje del metro, pero luego se extendieron por todo el país en rechazo a las desigualdades sociales acrecentadas por el modelo neoliberal.
Los manifestantes también pedían cambiar la constitución vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero dos proyectos presentados en referendos fueron rechazados por disímiles motivos.
Un lustro después, analistas consideran que las causas detrás de las protestas, como los problemas en la salud y la educación, las bajas pensiones y la inequidad en el acceso a la justicia, se mantienen vigentes.
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