En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Ejecutivo), el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, detalló que la medida impactó en 2,2 millones de hogares, gracias a la ejecución de 480 millones de quetzales (poco más de 60 millones de dólares).
Este programa de apoyo está dirigido a las familias que más lo necesitan, las que consumen entre uno a 100 kilovatios hora/mes, que constituyen el 66 por ciento de la población, amplió el titular.
Ahí estamos llegando a lo que llamamos población en extrema pobreza y también a un pequeño rango de población clase media de menores ingresos, describió Ventura.
Al concluir este año el desembolso ascendería a 930 millones de quetzales (por arriba de 120 millones de dólares), remarcó el funcionario.
Reconoció que el gran actor que permitió la transformación del sector eléctrico en Guatemala se llama Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Desde que fue aprobada la ley de Electricidad, esa entidad ganó más de 18 mil millones de quetzales (una cifra superior a los dos mil millones de dólares) para el subsidio a la tarifa de la población de menores ingresos, apuntó el ministro.
Asimismo, mencionó que en los últimos meses inauguraron, con apoyo del sector privado, tres subestaciones, dos de ellas en el departamento de Alta Verapaz.
Estas tienen un impacto directo en alrededor de medio millón de habitantes en zonas muy pobres y en algunas que tienen el acceso restringido a la energía eléctrica, comentó.
Resaltó que siguen apoyando en el Ministerio de Energía y Minas a los proyectos de energía solar, de los cuales aprobaron o revisaron unos por alrededor de 300 megavatios.
El titular aseguró que la iniciativa del Gobierno de universalización continuará incrementándose y esperan en los próximos meses comenzar una obra para las familias más pobres del país en Alta Verapaz y Baja Verapaz.
En estas demarcaciones, señaló, hay municipios donde apenas la electrificación llega al 25 por ciento, es decir, de 100 familias 75 no tienen energía.
Especialistas en el tema señalaron que en Guatemala las empresas privadas controlan casi la totalidad de la cadena eléctrica y los costos son los más caros de la región.
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