En la capitalina Torre de Tribunales, el togado de turno Mario Solórzano descartó desarrollar el proceso contra el detenido debido a que su homólogo Jimi Bremer pidió la carpeta con el expediente para realizarlo en su predio.
Muñoz, reconocida figura por su papel en los comicios de 2023 en el país, enfrenta cargos como abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
El Ministerio Público (MP) expuso que, aparentemente, este accedió a la inscripción del partido político Prosperidad Ciudadana, pese a que existían irregularidades en una serie de asambleas.
Esta agrupación, representada en la contienda por el empresario Carlos Pineda, fue excluida antes de la primera vuelta de los sufragios por resolución del sistema judicial.
La Fiscalía de Delitos Electorales solicitó en dos ocasiones el retiro de la inmunidad de Muñoz, pero al ser destituido recientemente del TSE quedó sin esa protección.
Previo a asumir este domingo como magistrado titular de una sala de Apelación, la Policía Nacional Civil ejecutó la captura, lo cual sorprendió a analistas en el tema y público en general.
Muñoz consideró en declaraciones a la prensa que se pudo dar un mal procedimiento, ya que desde que fue electo en días pasados por el Congreso tiene inmunidad.
“Mi intención era venir a asumir como magistrado luego de haber cumplido con todo el proceso, después nos encontramos con esta orden de aprehensión”, subrayó.
Estamos tranquilos, esperando a ver qué sucede y qué se puede resolver legalmente, remarcó.
Era simplemente un trámite que había que asumir ahora, pero se tendrá que esperar ver qué se resuelve, enfatizó.
Expertos apuntaron en agosto del año anterior a un ajuste de cuentas a partir de las maniobras contra el Movimiento Semilla, ganador del balotaje presidencial, al cual investigan por presumibles firmas falsas en su constitución.
Entonces el titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, ordenó a Muñoz cumplir con la resolución de suspender la personería jurídica de la fuerza señalada.
El director del Registro de Ciudadanos decidió transgredir esa solicitud, ya que interrumpir “a un partido era competencia del TSE y durante un proceso electoral en desarrollo no se podía cancelar a ninguno”.
Diferentes organizaciones locales e internacionales respaldaron la decisión en virtud de lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, mientras consideraron las acciones del MP de inconstitucionales e ilegales.
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