Confirmó el jefe nacional de Seguridad Penitenciaria, Rodolfo Machicado, en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv, que se tomó la decisión de no trasladar a los acusados debido a informes de inteligencia, los cuales alertaban de vigilias y movilizaciones a favor y en contra de los imputados.
En este contexto, Seguridad Penitenciaría determinó no realizar el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el dirigente cívico de Potosí Marco Pumari y la exgobernante de facto Jeanine Añez (2019-2020) hacia un juzgado de La Paz.
Según Machicado, el fin de semana último se registraron vigilias en los alrededores del penal de Cantumarca de Potosí, donde se encuentra el acusado Pumari.
Igualmente, se preveían movilizaciones en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, donde está recluido Camacho, principal impulsor del golpe de Estado que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
Asimismo, se esperaban manifestaciones en uno u otro sentido en el reclusorio de Miraflores, en el cual se encuentra Áñez, y ante el juzgado sede de la audiencia en el centro paceño.
En Golpe de Estado I son procesados estos tres acusados, así como altos mandos militares y policiales implicados en la ruptura del orden constitucional en 2019.
La fiscalía abrió este expediente penal por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de una acusación presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Después de asumir la presidencia del país ilegalmente tras la renuncia del exmandatario Evo Morales, Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Debido a estos hechos, los implicados encaran acusaciones de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.
Según documentos de la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa (…)».
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