Líder del Comité Impulsor de la Justicia (CIJ), Michel criticó que este lunes Limpias no autorizó el traslado hacia un juzgado de La Paz de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), del principal promotor del golpe de Estado de 2019, Luis Fernando Camacho, y del exdirigente cívico de Potosí Marco Pumari.
Seguridad Penitenciaria justificó esa decisión con el argumento de que informes de inteligencia alertaban de vigilias y movilizaciones a favor y en contra de los imputados.
Áñez está recluida en el penal de mujeres de Miraflores, en La Paz; mientras que Camacho está en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha (La Paz), y Pumari en Cantumarca, Potosí.
“Hay una responsabilidad plena y absoluta del director del Régimen Penitenciario, del Ministerio de Gobierno y también del Ministerio Público”, describió el radical líder del CIJ entrevistado este martes por La Razón Radio.
Consideró que el exministro de Justicia Iván Lima manipulaba el desarrollo del proceso de investigación con un telefonazo al fiscal general, Juan Lanchipa, y al departamental de La Paz, William Alave.
A su vez, Michel reiteró la acusación contra el exministro Lima de obstruir durante tres años el juicio contra la exmandataria Áñez por las masacres cometidas.
En Golpe de Estado I son procesados estos tres acusados, así como altos mandos militares y policiales implicados en la ruptura del orden constitucional en 2019. La fiscalía abrió este expediente penal por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de una acusación presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Después de asumir la presidencia del país ilegalmente tras la renuncia del exmandatario Evo Morales, Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos, cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Debido a estos hechos, los implicados encaran acusaciones de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.
Según documentos de la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa (…)».
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