La víspera la fiscalía solicitó 36 años de cárcel para los acusados de asesinar a María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, en Santa Marta, Cabañas.
En su acusación, los fiscales explicaron al tribunal la supuesta conducta delictiva que tuvo cada uno de los imputados y que debe de llevar a una sentencia condenatoria.
Sin embargo, la defensa sostiene que los fiscales no lograron acreditar ningún delito y que los acusados tuvieran participación alguna, que no hay caso para que el tribunal emita un veredicto de carácter condenatorio.
Por otra parte, grupos comunitarios, y la propia defensa, alegan que la acusación contra los ocho de Santa Marta muestra el uso del sistema judicial «para perseguir el activismo ambiental».
Esa zona del departamento de Cabañas fue una de las que promovió la prohibición de la minería metálica en el país en 2017 y alertó en los últimos tiempos de planes para reactivar las acciones extractivas de minerales metálicos.
«La falta de pruebas, la eventual reactivación minera y el rol de nuestros líderes en la resistencia comunitaria contra el extractivismo, indican que este caso es, en realidad, una manipulación del sistema penal para perseguir al activismo ambiental», señaló un comunicado de una organización de Santa Marta.
El informe distribuido en redes sociales denuncia que el proceso es «una instrumentalización de la justicia transicional para criminalizar a quienes advierten sobre los peligros de los proyectos mineros».
La Fiscalía General de la República (FGR), precisó, los acusa de cometer un supuesto asesinato hace 35 años, durante la guerra civil, sin más prueba que el relato contradictorio de un testigo protegido que primero declaró que presenció los hechos y después dijo que le contaron lo sucedido.
Se esper que este martes se de un veredicto y se de por concluido uno de los procesos más controvertidos de los últimos años en el país.
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