El director general de la DGM, Luis Rafael Lee, explicó al periódico Diario Libre que para mejorar las condiciones del traslado de los repatriados ordenó reducir la cantidad de transportados en cada vehículo, en tanto son evaluadas otras opciones para su desplazamiento.
Lee destacó la colaboración de la Dirección de Migración con el Ejército, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y otros organismos.
Puntualizó que la estrategia del Ejecutivo se basa en la contención de los grupos migratorios provenientes de la frontera y la interdicción en las zonas urbanas.
Explicó que uno de los problemas reiterados en la zona fronteriza de 53 kilómetros de carretera es el flujo descontrolado de haitianos en los mercados binacionales.
Acerca de esta situación, consideró ilógico que un país con un sistema de control migratorio permita que dichos mercados funcionen sin limitaciones, lo que complica, dijo, el control fronterizo.
Por ese motivo, publicó el rotativo, el directivo propuso que los mismos se ubiquen en «zonas estériles», con áreas restringidas y un control de acceso tanto desde Puerto Príncipe como desde Santo Domingo.
Precisó que el país tiene centros de acogida en Santiago de los Caballeros y Haina y desde allí salen todos los días los vehículos con los repatriados.
Aunque aseguró que el plan se ejecuta apegado a las normas del derecho internacional, familiares y amigos de retenidos y recluidos en el centro Vacacional de Haina denuncian abusos, en especial durante el proceso de detención y deportación, indicó cdn.com.do.
El Gobierno de Luis Abinader anunció hace dos semanas un plan “de ejecución inmediata” para “repatriar hasta 10 mil indocumentados por semana”, con el propósito de «reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas”, según explicó el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.
De acuerdo a cifras oficiales, más de medio millón de ciudadanos de Haití viven en este país de 11,2 millones de habitantes.
Recientemente la canciller de Haití, Dominique Dupuy, condenó estos «actos deshumanizantes y exigió respeto y justicia”, en la red social X.
También en República Dominicana organizaciones sociales y políticas rechazan esta disposición del Ejecutivo.
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