El libelo estuvo dividido en dos capítulos, el primero por anticipar a su hija, la también jueza Graciela Muñoz, un fallo contra una empresa inmobiliaria donde ella tenía intenciones de adquirir propiedades.
La segunda acusación fue por permitir que su descendiente ejerciera funciones judiciales de manera virtual cuando estaba fuera del país, lo cual está prohibido por las leyes.
Ambas causas fueron aprobadas, la primera por 27 y la otra con 25 sufragios, todos ellos de senadores pertenecientes a partidos de derecha y extrema derecha.
En consecuencia, Muñoz debe abandonar su puesto en el principal tribunal de Chile y, además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
El procedimiento recibió numerosas críticas, porque cuando la acción constitucional se discutió y aprobó en la Cámara de Diputados, se unió con la presentada contra la magistrada Ángela Vivanco, pese a que ambos caso son totalmente diferentes.
Los senadores tienen programado votar este miércoles la acusación contra Vivanco, acto que tiene más bien un carácter simbólico porque la misma Corte Suprema la separó de sus filas desde la semana anterior.
La ahora exmagistrada está vinculada con el escándalo de corrupción del llamado “caso audios”, cuyo epicentro es el conocido penalista Luis Hermosilla, en prisión preventiva por cohecho, lavado de activos y delitos contra el fisco.
El abogado habría influido en el nombramiento de Vivanco y, a cambio, ella le devolvió favores que califican como tráfico de influencias.
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