Son ellos la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020), el gobernador de Santa Cruz y extitular de su comité cívico Luis Fernando Camacho, así como el líder de esta estructura social en Potosí Marco Antonio Pumari y otros cinco jefes militares y policiales también implicados.
“Tiene que haber justicia, es el mandato de las bases. Las organizaciones sociales están apostadas acá haciendo vigilia exigiendo justicia. Tienen que trabajar con celeridad”, afirmó el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Esteban Alavi.
La fiscalía abrió este expediente por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de una acusación presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Tras asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, 48 horas después Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados, por lo cual encara una posible pena máxima de 30 años.
Según documentos de la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.
Este acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, negoció con militares y policías un acuerdo para que incumplieran su deber constitucional de respaldaran al expresidente Evo Morales, quien fue forzado a renunciar el 10 de noviembre de 2019.
Los acusados llegaron este jueves al juzgado en medio de un fuerte resguardo policial para garantizar su seguridad.
“Vamos a pedir la pena máxima, a los efectos de que (…) se pueda sentar un precedente para que nadie pueda lesionar el Estado social democrático. Se debe establecer que la víctima es el Estado Plurinacional de Bolivia, la población (…)”, declaró a la prensa el abogado Jorge Nina, representante de la exdiputada Patty.
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