“Hoy recordamos el Día de la Dignidad Nacional, una fecha que honra la valentía y la resistencia del pueblo boliviano durante la Guerra del Gas en 2003, un momento crucial en nuestra historia (…)”, destacan este jueves las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Recuerda la cuenta de X de esa cartera que en aquella fecha el pueblo se levantó para defender sus recursos naturales y su dignidad frente a la explotación y la injusticia.
La Ley 424 declara el 17 de octubre de cada año como el Día de la Dignidad Nacional, en reconocimiento a los caídos en la masacre de octubre de 2003.
“Se declara el 17 de octubre de cada año Día de la Dignidad Nacional en reconocimiento y conmemoración a quienes perdieron la vida entre el 11 y 17 de octubre de 2003 en la llamada Guerra del Gas, cuyo esforzado sacrificio ha generado la recuperación de los recursos naturales (…)”, explica el artículo único de la normativa.
Asimismo, el texto determina que el Órgano Ejecutivo y las entidades territoriales autónomas, en el contexto de sus competencias, deben realizar actividades en homenaje y conmemoración al Día de la Dignidad Nacional.
La causa principal del conflicto fue el anuncio del gobierno neoliberal encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas a través de puertos chilenos a Estados Unidos en momentos en que la cobertura del recurso en Bolivia era mínimo.
Esa situación generó protestas y desembocó en una intervención militar contra los movilizados en diversas regiones.
La ciudad de El Alto fue el epicentro de esa represión, que incluyó el ametrallamiento desde helicópteros sobre la base del Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, con saldo de cerca de 70 muertos y 400 heridos en masacre que se conoce como Octubre Negro.
Tras esa matanza, Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, huyeron hacia Estados Unidos, donde permanecen a resguardo de las autoridades de ese país.
El extitular de la cartera a cargo del sistema defensivo de Sánchez de Lozada se desempeña en ese país como director del Instituto Interamericano para la Democracia, financiado por el Gobierno estadounidense.
Un tribunal de Estados Unidos dictaminó en septiembre de 2023 un acuerdo de compensación de estos prófugos de la justicia en su país con las víctimas de la masacre, según informó a la prensa en La Paz el abogado norteamericano Thomas Becker.
Se trata, según el letrado, de un hecho sin precedentes en el que un expresidente y su exministro de Defensa admitieron su responsabilidad por la masacre de octubre de 2003, por la cual los alteños los califican de “verdugos”.
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