El mandatario, que explicó al Legislativo cuestiones relacionadas con la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la acción del Gobierno de Unidad, también debió abordar los cuestionamientos a partir de las acusaciones de corrupción o blanqueo de dinero.
El pasado 10 de octubre la Fiscalía informó que no procesaría a Ramaphosa por esos cargos en relación con un escándalo por un robo millonario en su granja de Phala Phala, debido a que una cuidadosa evaluación de todas las pruebas llevó a la conclusión de que no existe base suficiente para sustentar el caso.
En junio de 2022 el exjefe de la agencia de espionaje sudafricana, Arthur Fraser, acusó al mandatario de ocultar a la Policía y la Hacienda un robo de casi cuatro millones de euros escondidos en Phala Phala, un hecho que ocurrió en ausencia de Ramaphosa, si bien este declaró que la cantidad sustraída era mucho menor (580 mil dólares).
El Parlamento creó una comisión independiente de investigación, la cual aseguró que el presidente pudo violar varias leyes anticorrupción, sin embargo, el 13 de diciembre de 2022 la Asamblea Nacional decidió no remitir el Informe del Panel Independiente de la Sección 89 a una investigación. Tal actuación es analizada actualmente por el Tribunal Constitucional, lo que generó la pregunta formulada al presidente este jueves, sobre su posicionamiento en torno al tránsito del proceso por esta instancia.
Ramaphosa sostuvo que las investigaciones realizadas por agencias independientes de aplicación de la ley, como el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, el Banco de la Reserva de Sudáfrica, el Defensor del Pueblo y la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios no encontraron irregularidades en su proceder.
Añadió que, como era su obligación constitucional y legal, cooperó con todas esas instituciones y respondió a sus preguntas, además de proporcionarles información, por lo que se mostró confiado en que el Tribunal decidirá de manera integral y definitiva.
Manifestó que la Asamblea Nacional ejerció sus poderes y responsabilidades tal y como se describe en la Constitución y en sus reglas, y que el Tribunal Constitucional escuchará los argumentos el próximo 26 de noviembre sobre si se incumplieron o no sus obligaciones en virtud de la Carta Magna.
“La lucha contra la corrupción es una prioridad de este Gobierno y seguirá siéndolo”, enfatizó Ramaphosa, quien agregó que seguirían capacitando a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y apoyarían la independencia de las instituciones, “que deben actuar sin temor ni favoritismo”.
Los parlamentarios también interrogaron al presidente sobre las medidas a adoptar para garantizar que los miembros de su Gabinete actúen de conformidad con el compromiso de construir un Estado capaz y ético.
Al respecto, el presidente consideró que en las leyes existen mecanismos sólidos para garantizar que los miembros del Ejecutivo se adhieran al código de ética, como la exigencia de revelar al Secretario de Gabinete, anualmente, sus intereses financieros y los de sus cónyuges, compañeros permanentes o hijos dependientes.
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