Según un informe del canal de noticias TVN, aquella catástrofe que tuvo un impacto significativo en la historia nacional, causó profundas cicatrices en la sociedad.
El estudio recuerda que lo que se inició con la entrega de fármacos para aliviar resfriado por la Caja de Seguro Social (CSS) en 2006, condujo a la muerte de cientos de panameños y aún existen más de tres mil individuos afectados por intoxicación que no reciben el cuidado médico necesario.
Durante este año, señala el medio informativo, la Coordinadora Nacional de las Víctimas del Envenenamiento Masivo por Dietilenglicol ha potenciado su empeño en mejorar las condiciones de vida de los pacientes.
En ese sentido, se busca la modificación de la Ley 12 del 7 de abril de 2015, con la finalidad de asegurar un cuidado digno y equitativo para aquellos que, durante años, han intentado ser reconocidos como víctimas por la CSS y el Ministerio de Salud.
La víspera, el secretario general de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Carlos Alvarado, acogió a un grupo de afectados para evaluar sus peticiones.
La aspiración es que el listado de reclamos se transforme en un borrador de ley que finalmente haga justicia a los afectados, reconociendo su padecimiento y las necesidades que todavía no han sido cubiertas.
Según la abogada Aminta Quintero, al alto costo de los fármacos se añaden las pensiones deficientes que obtienen muchos de los pacientes, lo cual empeoran aún más su condición.
En agosto de 2006 se reveló el envenenamiento por dietilenglicol, cuando los doctores empezaron a detectar casos de lo que en aquel entonces se conocía como «Síndrome de Insuficiencia Renal».
Este escándalo, relacionado con el consumo de un jarabe tóxico, distribuido por la CSS, que contenía una sustancia empleada para enfriar radiadores de vehículos, puso de manifiesto la ausencia de controles en la cadena de abastecimiento de medicamentos, además de la negligencia de las autoridades encargadas de asegurar la seguridad de los productos de farmacología.
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