Representante legal de la acusadora principal, la exdiputada Lidia Patty, Nina aseguró que pedirán que un tribunal superior analice la situación para revocar el fallo.
“Se dispone que se aparte a la señora Áñez del proceso, pero solamente habían presentado incidente en contra de la acusación del Ministerio Público y no así de Lidia Patty (…)”, explicó.
Añadió que este extremo se le hizo conocer al juez, se planteó corrección de procedimiento, pero la autoridad judicial no ha dado lugar.
Al respecto, indicó en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv que “(…) aparte de haber apelado, nosotros ya hemos agotado instancia, vamos a ir por vía del recurso de amparo constitucional para reparar este agravio”.
El juicio fue instalado este jueves por los hechos de violencia que derivaron en la renuncia forzada del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
Tras excluir a Áñez del proceso, el Tribunal Sexto de Sentencia declaró un cuarto intermedio (receso) en el juicio hasta el próximo 24 de octubre.
Sin embargo, Nina aclaró que la sentencia en contra de la exgobernante de facto -por el caso Golpe de Estado II- fue por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por las ilícitas de que se valió para asumir la cabeza del Senado y desde ahí asumir anticonstitucionalmente la presidencia del país.
En Golpe de Estado I son procesados Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, así como cinco altos mandos militares y policiales implicados en la ruptura del orden constitucional en 2019.
Después de asumir la presidencia del país ilegalmente tras la renuncia del exmandatario Evo Morales, Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Debido a estos hechos los implicados encaran acusaciones de terrorismo en grado de complicidad, por lo que deberían ser juzgados.
Además, Nina señaló que la defensa de Áñez incumplió con los plazos para presentar sus incidentes en caso de considerar que se vulneraron sus derechos, pues tenía hasta el 8 de octubre para reclamar el apartamiento de Golpe de Estado I, y esta acción solo se realizó este jueves.
ga/jpm
