Con el voto unánime, los 15 miembros del órgano ratificaron la urgencia de detener el comercio ilícito de armamento que alimenta la violencia de las pandillas en territorio haitiano.
El Consejo acordó extender el embargo hasta octubre de 2025 al tiempo que se comprometió a mantener la situación bajo examen.
Según lo dispuesto por la resolución aprobada, las medidas para frenar el tráfico de armas se mantendrán vigentes hasta que el Gobierno de Haití desarrolle “una capacidad judicial y de estado de derecho adecuada para hacer frente a los grupos armados y las actividades relacionadas con la delincuencia”.
Otro contexto para su eliminación sería la reducción progresiva de la violencia de grupos armados y redes delictivas, incluido el número de homicidios, secuestros e incidentes de violencia sexual y de género.
De acuerdo con los informes de Naciones Unidas, las armas llegan a Haití principalmente por mar desde los Estados Unidos, en particular desde el estado de la Florida, aunque algunas también se trafican a través de intermediarios en la República Dominicana y Jamaica.
El país enfrenta una prolongada crisis por el accionar de las bandas armadas, agravada desde inicios de año.
Estimaciones de Naciones Unidas aseguran que cinco millones de personas, la mitad de la población, no tienen suficiente para comer mientras que otros carecen de acceso a la atención sanitaria con apenas uno de cada cuatro hospitales del país en funcionamiento.
La violencia provocó que los desplazamientos en los últimos 12 meses se triplicaran con más de 578 mil haitianos fuera de sus hogares a causa de la inseguridad.
Más de la mitad de los nuevos desplazados escaparon de la capital, Puerto Príncipe, al sur de Haití.
A la par, casi 1,5 millones de niños permanecen sin recibir educación durante el último año escolar, y otros cientos de miles sin escolarizar se enfrentan al riesgo de ser reclutados por grupos armados.
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