La decisión judicial ratificó las múltiples evidencias que desmintieron la acusación formulada el jueves último por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que presentó la captura como un gran logro de la Policía, que apresó a Quispe en una operación de control masivo de identidad en el municipio limeño de San Juan de Lurigancho.
La versión oficial fue prontamente desmentida por medios de prensa en forma casi unánime, así como dos ex jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y estudiosos del tema que hicieron notar que Iván Quispe no aparece en el organigrama de la Policía antiterrorista.
También quedó claro que Iván Quispe, si bien cuando era adolescente integró el grupo de remanentes alzados, lo abandonó hace aproximadamente una década y lleva una vida normal y hasta se muestra en redes de Internet aspectos de su diario vivir.
Inclusive había viajado al exterior con su familia, sin que fuera detenido en el control migratorio, como hubiera ocurrido si tuviera órdenes de captura como afirmó el ministro.
A raíz de lo que coloquialmente se califica aquí como “patinada” (clamoroso error), congresistas opositores y analistas demandan o aconsejan el relevo de Santiváñez, lo que no comparte el bloque conservador de mayor influencia en el Legislativo.
Preguntado al respecto el vocero parlamentario del partido neoliberal Fuerza Popular, Arturo Alegría, cuya bancada es la más numerosa y cohesionada del Legislativo, opinó que hay que esperar que se cumplan los 60 días del estado de emergencia decretado en septiembre último, que Santiváñez pidió como plazo para lograr resultados en el combate a la desbordada criminalidad organizada.
Pamela Mayta, hijastra de Iván Quispe, reclamó públicamente al ministro que, con la misma vehemencia con la que afirmó que el detenido era lo que llamó importante líder terrorista, pida disculpas al afectado y a su familia por el daño ocasionado.
mrs
