Al intervenir en la habitual conferencia de prensa de la mandataria, Claudia Sheinbaum, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, recordó que la orden de aprehensión contra el criminal y su esposa, Cristina Pereyra, es un proceso abierto, con una gran cantidad de personas involucradas.
“Qué procede: solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya” que solicitarla, pues puede salir de la prisión por cualquier motivo.
Entonces, “el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone” la cárcel.
Al referirse a Pereyra, el funcionario afirmó que “inmediatamente deberían extraditarla”.
Con respecto a una jueza que eliminó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, denunció que las quejas contra los jueces excepcionalmente proceden.
“Siempre hemos presentado quejas, recursos de revisión y siempre hay una negativa, porque están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México”, aseveró.
Sheinbaum subrayó este viernes la existencia de denuncias en la nación contra el exsecretario de Seguridad y mano derecha de Felipe Calderón, quien gobernara al país de 2006 a 2012.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que entre las órdenes de aprehensión por delitos cometidos aquí y que no tienen vinculación con el proceso penal estadounidense se encuentra la relacionada con su participación en la operación Rápido y furioso.
A través de esta, explicó, se introdujeron armas de forma ilegal con un chip supuestamente para rastrear su uso, lo cual nunca ocurrió, sino que, junto con municiones, explosivos y materiales de uso exclusivo militar, sirvieron para potenciar la capacidad de actuación de grupos criminales.
Este hecho generó una espiral de violencia en el país, agregó Rodríguez, al mencionar que otra orden en su contra tiene que ver con la construcción de reclusorios hechos a través de contratos privados con costos muy altos, lo cual constituyó un quebranto a la hacienda pública.
También aludió a la carpeta de investigación abierta sobre el caso del asesinato en 1994 de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, en el cual la Fiscalía encuentra que García Luna está involucrado.
Por su parte, Gómez presentó una investigación que evidencia la participación de García Luna en lavado de dinero.
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