Sumamente trascendente resultaron las revelaciones del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, de la captura de 19 mercenarios de diferentes nacionalidades y demás de 70 armas de guerra en operaciones realizadas en el territorio nacional.
Así como también los vínculos de esos legionarios y el armamento incautado con los organismos de inteligencia de España y Estados Unidos con las acciones terroristas y planes desestabilizadores en el país, además de la Administración de Control de Drogas estadounidense.
Cabello mostró ante la prensa evidencias del arsenal capturado, fotos, cédulas de identidad y otras pruebas de los aprehendidos, quienes están relacionados con líderes de la ultraderecha nacional como María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Vecchio, Yván Simonovis.
También mencionó entre los operadores de los planes terroristas contra el país al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
En sus revelaciones mencionó como “agentes operativos” al Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI) y a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, a los que responsabilizó con la búsqueda, reclutamiento y suministro de armas de todas las operaciones.
Puntualizó que el CNI es el encargado de introducir en el país a mercenarios y armas, los que luego hacen contacto con los grupos delincuenciales con el objetivo de atacar puntos estratégicos, pretender asesinar a líderes de la Revolución y hacer daño al pueblo.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela develó que como parte de las investigaciones pudieron vincular a un grupo de expolicías con Simonovis, quien está prófugo de la justicia, y está implicado en el tráfico de armas.
En otro orden, el presidente Nicolás Maduro realizó cambios en el Estado Mayor Superior de la FANB, en los que ratificó al general en jefe Vladimir Padrino como ministro para la Defensa, y al general en jefe Domingo Antonio Hernández Larez, al frente de Comando Estratégico Operacional.
El comandante en jefe de la Fuerza Armada agradeció a todos los que “llevaron a cabo de manera impecable” sus responsabilidades y auguro éxito a quienes son llamados a servir.
La misión es la misma: seguir garantizando la independencia, la seguridad y la paz, tres bienes primordiales de nuestra amada patria, expresó.
Durante su programa radio televisivo Con Maduro +, el gobernante refirmó que ante los llamados a la sedición y traición de la derecha fascista (María Corina Machado), la FANB responde con más cohesión, más unión, moral y “más combate frente al imperialismo, por la paz de Venezuela y la integridad territorial».
El dignatario remarcó que Venezuela tiene un poder militar que la defiende, patriótico, revolucionario, bolivariano y cada vez más chavista y con profunda raigambre popular, además de “antioligárquico, antiapellidos y anticolonialista”.
Ahora tenemos un Ejército y una Fuerza Armada popular “altamente profesional, con altísimo nivel académico, el más alto de la historia”, y obedece, opinó, a la creación de una universidad militar bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez (1954-2013), junto a 12 academias.
También esta semana a través de la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, la República Bolivariana rechazó en forma enérgica el informe publicado por “la vergonzosa Misión de Determinación de los Hechos”.
Los diplomáticos venezolanos manifestaron se trata de “un documento novelesco, un guion fantasioso, herencia del difunto Grupo de Lima”, y del régimen estadounidense que, a pesar de su maltrecha moral en derechos humanos, pretende dar lecciones al mundo sobre esta institución.
Le existencia de esta írrita misión es una muestra del secuestro del Consejo de Derechos Humanos (DDHH) por parte de un reducido grupo de países occidentales que pretenden conducirlo a correr la misma suerte que su predecesora, la fracasada Comisión de DDHH, señaló.
Sobre este tema, el fiscal general de la República Tarek William Saab manifestó se trata de un burdo montaje de un organismo utilizado como instrumento para sabotear la relación que mantenía el Estado venezolano con la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Caracas.
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