El sondeo de la empresa Datum agrega que solo 13 por ciento no se siente amenazado por el delito y la percepción de inseguridad es casi unánime en Lima Metropolitana y el adyacente municipio portuario de El Callao, donde se eleva a 94 por ciento.
Según la muestra, la culpa de la inseguridad, expresada en extorsiones masivas y asesinatos a diario por sicarios, la comparten la presidenta Dina Boluarte (44 por ciento), el Congreso de mayoría conservadora (40) y los jueces y fiscales (31).
De otro lado, prima la desconfianza en los jueces y fiscales, con 87 y 86 por ciento, respectivamente, y 66 por ciento no confía en la Policía.
Además, 53 por ciento tienen una persona conocida, (37) un miembro de su hogar, (8) otro familiar que han sido víctimas de extorsión y 31 por ciento han pensado en emigrar al exterior ante la gravedad del problema.
Los resultados de la encuesta de Datum se publicaron en medio de una ola de pedidos de retiro del ministro del Interior, José Luis Santiváñez, por haber anunciado en falso la captura de un alto jefe de los remanentes de un grupo armado.
El Poder Judicial zanjó el viernes último el tema al ordenar la libertad inmediata del detenido, Iván Quispe, porque -si bien en su adolescencia integró el grupo alzado- llevaba una vida normal de legalidad y no había ninguna orden para su detención.
La directora de Datum, Urpi Torrado, comentó que los resultados adversos al Ejecutivo reflejan “un creciente descontento con la gestión de Dina Boluarte” de la percepción ciudadana de la incapacidad de las autoridades para controlar a la delincuencia.
La encuesta se realizó entre el entre el 4 y el 8 de octubre, antes del incidente que diversos medios de prensa califican como escándalo que se suma a otros desaciertos del ministro.
Sin embargo, Datum preguntó si Santiváñez debe dejar el cargo de inmediato o continuar hasta que se cumplan los 60 días del estado de emergencia decretado en septiembre pasado contra el desborde de la criminalidad en 14 distritos de Lima y otros territorios del interior.
Las opiniones se dividen entre quienes plantean aguardar que transcurra el plazo (49 por ciento) y quienes creen que debe cesar inmediatamente (47).
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