Las nuevas evidencias estarían relacionadas con documentos que prueban el ingreso y la salida irregular de cuatro ciudadanos israelíes a la nación sudamericana en dos vuelos, con destino final a la ciudad de Tel Aviv, quienes podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos.
“Yo mostré un documento de la agencia de inteligencia israelí que se encarga del lavado de activos. Mostré que en ese documento se estableció que el gobierno anterior había comprado un software que es prohibido en buena parte del mundo: el Pegasus, que sirve para interferir ilegalmente teléfonos, celulares, computadores, señales de internet”, manifestó Petro.
Comentó que durante la víspera salieron a la luz otros datos que establecen los itinerarios que las dos aeronaves alquiladas hicieron en relación con la compra el programa.
Según reveló Petro, uno de los vuelos se produjo el 26 de julio de 2021 y el otro el 18 de septiembre.
Comunicó igualmente que uno de los ocupantes de las aeronaves era un alto ejecutivo de la firma NSO Group, propietaria del programa informático.
“Es decir, al aeropuerto El Dorado, en el hangar (de la Unidad) de Antinarcóticos de la Policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar”, añadió.
En este punto, afirmó que en Colombia no es posible que ningún ciudadano ni nacional ni extranjero porte dinero en efectivo en una cantidad tal como cinco millones de dólares porque sería considerado como un delito de lavado de activos.
Antes de finalizar su alocución, aseveró que corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación tipificar e investigar a partir de la documentación que le facilitará el Gobierno.
El pasado 4 de septiembre, el jefe de Estado informó a la ciudadanía sobre la compra de Pegasus con fines de espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de su país (Dipol) en 2021, en virtud de lo cual orientó una investigación.
Reveló que esto ocurrió entre los meses de junio y septiembre del mentado año, cuando el país atravesaba por un estallido social, y poco tiempo antes de que se realizaran en octubre las campañas tanto para el congreso como para consultas presidenciales.
Asimismo, detalló además que el pago fue de once millones de dólares, que se hizo en dos partes y en efectivo.
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