Según el diario Página 12, esta jornada la Cancillería difundió un texto sobre una reunión de su titular, Diana Mondino, con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gilles Carbonier.
De acuerdo con ese medio de prensa, el documento precisaba que el encuentro tuvo como objetivo “tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982″, y fue borrado tras desatarse el escándalo.
“Milei (Javier, presidente) y Mondino primero hablaban de respetar el deseo de los isleños, después firmaron un pacto Foradori-Duncan 2 y ahora directamente llaman Falklands a nuestras Islas en documentos oficiales. No es un error es una entrega de soberanía”, aseveró Cafiero en su perfil en la red social X.
Por su parte, varios legisladores, incluso algunos de la llamada oposición dialoguista, cuestionaron lo ocurrido y afirmaron que la canciller debe dar explicaciones al respecto.
En X, Mondino afirmó que era “absolutamente falso que desde la Cancillería saliera un comunicado donde llamamos a nuestras Islas Malvinas por otro nombre”.
Respecto a la versión maliciosa publicada en la web del gobierno, estamos identificando al responsable para despedirlo, dijo.
En respuesta a la ministra, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona aseveró que “no hay comunicado sobre Malvinas que salga sin la revisión de la Cancillería, por un secretario/a de Estado y un director del área”.
Su mirada conspirativa sorprende. Esto no es cuestión de ideología, simplemente tiene que ver con el desprecio por la defensa de la soberanía. Es el resultado lógico de la funcionalidad que tienen con los intereses británicos, añadió.
Recientemente, diputados de Unión por la Patria solicitaron un juicio político contra Mondino por acciones contrarias a la lucha por ese territorio.
Los legisladores se oponen a negociaciones realizadas por la canciller y su par británico, David Lammy, lo cual consideran una reedición del pacto Foradori-Duncan, mediante el que la administración de Mauricio Macri (2015-2019) permitió a Londres la explotación de recursos naturales en las islas.
Dicho convenio implicaba el levantamiento de las medidas administrativas, legislativas y judiciales tomadas por este país para proteger sus recursos, y dejaba de lado el reclamo por los derechos sobre Malvinas.
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