De acuerdo con el legislador Manuel Cohen, el proyecto presentado por segunda ocasión , luego de una primera revisión en el Ejecutivo, incumple con la ley que establece que el gasto público e inversión en el sector educativo no será inferior al siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, señaló, deberá incluir los montos que se les deben asignar a los municipios y juntas comunales, asi como lo establecido para el subsidio al gas licuado de petróleo y los intereses preferenciales para las hipotecas.
Por su parte, el diputado Raúl Pineda, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, calificó el proyecto presupuestario presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, como inconstitucional y que acaba con el poder popular.
También el independiente Augusto Palacios estimó que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) no está rechazando el proyecto de presupuesto, sino que está recomendando que le hagan modificaciones.
Se trata, dijo, de un acto de mera responsabilidad de este primer órgano del Estado que está ejerciendo ese control de contrapeso al cual está llamado por mandato constitucional.
Palacios manifestó que es probable que para discutir el Presupuesto será necesario hacer un llamado a sesiones extraordinarias- el actual período concluye el 31 de octubre-, por lo que indicó que esta bancada está dispuesta a trabajar y velar para que los recursos del país se administren de manera responsable.
A saber, a 26 mil 84 millones de dólares asciende el Presupuesto de la Nación para 2025, según el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros de Panamá.
La nueva iniciativa representa unos 751.2 millones de dólares más en comparación a la anterior y se aumentaron los montos para proyectos de inversión.
El proyecto de Presupuesto 2025 está basado en una tasa de crecimiento del PIB real del tres por ciento, una tasa ligeramente por encima de la calculada para este año, que es de 2.5 por ciento.
Para inversiones, destinarán nueve mil 341.4 millones de dólares , que se concentrarán en los sectores de educación, salud, infraestructura (Metro de Panamá, el cuarto puente sobre el Canal, el plan de rehabilitación de carreteras, entre otras obras); ambiente, seguridad y agua potable.
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