En total, 77 legisladores respaldaron la moción de la interpelante Paola Cabezas, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), de censurar o destituir a la funcionaria, pero se necesitaban al menos 92.
Mientras tanto, 40 asambleístas votaron en contra y 16 se abstuvieron.
Antes, el movimiento Construye había anunciado en un comunicado que “no respaldaría la censura” de la ministra Palencia.
Durante su defensa, Palencia detalló que en los 10 meses de su administración, se han iniciado 284 procedimientos de deportación.
También ofreció cifras de operaciones de control migratorio y aseguró que se incrementaron de mil 813 a dos mil 291, de 2022 a 2024.
“El Plan Fénix existe y es una realidad. No son cuatro páginas, es un trabajo serio, profundo y responsable (…) Es un documento reservadísimo y lo he tomado bajo la declaratoria y compromiso de devolverlo”, manifestó la funcionaria ante el Pleno del legislativo.
Palencia insinuó que el juicio en su contra “no es solo político” y lo consideró un acto de mala fe en su contra.
Los legisladores Cabezas y Leonardo Berrezueta, de la RC, acusaron a la ministra Palencia, de incumplir sus funciones frente a la crisis de seguridad existente.
Para Berrezueta, «el Plan Fénix (estrategia de seguridad que el presidente Daniel Noboa presentó en campaña) es una ilusión, una promesa vacía, un lindo spot de marketing político», aseveró el asambleísta.
«Palencia ha fallado en todos los frentes, desde la fuga de presos peligrosos, hasta la falta de un plan de seguridad», sentenció.
Por su parte, Cabezas, insistió en que no existe una reducción de un 27 por ciento de las muertes violentas con relación al 2023, como han dicho las autoridades.
Al igual que su colega de bancada, acusó a Palencia de «no tener voluntad de recapturar a unos 90 presos», algunos de alta peligrosidad, evadidos de las prisiones durante la gestión de Noboa, entre ellos Adolfo Macías (Fito), cabecilla de la banda Los Choneros.
Cabezas añadió que por el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 a 15 por ciento se recibirían 550 millones de dólares para destinar a seguridad, sin embargo, el Ministerio de Economía indicó que destinaron 29 millones al Ministerio del Interior y 40 millones a la Policía.
Al final de su intervención, pidió a la Asamblea censurar y destituir a la ministra, que acudió este miércoles al pleno del legislativo acompañada de otros funcionarios, entre ellos el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
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