Las agrupaciones que convocan al paro exigen mayor eficacia en la seguridad ciudadana frente a masivas extorsiones y cotidianos asesinatos, al tiempo que demandan la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fue ratificado por la presidenta Dina Boluarte ayer pese a diversos pedidos de su cese.
Como ha ocurrido en dos paros anteriores, la respuesta oficial planteada la víspera por la mandataria sostiene que solo paralizarán labores agrupaciones informales y tras estas actuarían grupos con objetivos políticos, lo que niegan los dirigentes de la protesta.
Pequeños empresarios anunciaron el cierre de mercados de abastos, el llamado emporio de producción y venta de productos textiles Gamarra y la zona comercial popular de Mesa Redonda, cerca del centro de Lima, entre otros.
Si bien el Ejecutivo no acepta la capacidad de convocatoria del paro y ha conseguido que empresas formales de transporte no se sumen a la paralización, el Ministerio de Trabajo autorizó retrasos de hasta cuatro horas en el ingreso a los centros de labores.
Reconoció así tácitamente la posibilidad de que el transporte no sea normal, al igual que el Ministerio de Educación, que suspendió por la presente jornada la asistencia de alumnos a las escuelas y similar medida tomaron las universidades, en ambos casos autorizaron las clases a distancia.
Al clima de protesta aportaron ayer el segundo día de un paro de transportistas en la ciudad norteña de Trujillo, una de las más afectadas por extorsionadores, secuestradores y sicarios.
Además, anoche la Policía dispersó con violencia a manifestantes en la segunda jornada de protesta contra el proyecto Tía María y el anuncio del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, de darle luz verde a ese plan en la región sureña de Arequipa.
El rechazo al proyecto de la transnacional Southern argumenta el peligro de que las operaciones mineras afecten por contaminación las prósperas plantaciones de productos alimenticios de gran calidad del valle contiguo.
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