Con 120 votos a favor y ninguno en contra, los legisladores dieron el visto bueno a la disposición impulsada desde el Ejecutivo en medio de la crisis energética, aunque muchos expresaron inconformidad con lo propuesto.
La denominada Ley Orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación eléctrica busca la inversión de empresas en proyectos de generación de hasta 100 megawatts sin pasar por un proceso de selección, de manera que se puedan acortar los plazos para su puesta en marcha.
La normativa faculta a la Agencia de Control y Regulación de Electricidad (Arconel) para definir el pago a los generadores de electricidad a partir de la creación de un fideicomiso.
Además, las empresas privadas podrán importar gas natural para su autoconsumo en la generación eléctrica.
En el debate de este domingo, legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y de otras bancadas dijeron que respaldaron el proyecto para que el Gobierno «se haga responsable de la crisis» y luego no acuse a la Asamblea de no aprobar la disposición propuesta.
La asambleísta Lucía Posso, del movimiento Avanza, afirmó que esta crisis conviene a uno pocos y denunció que pretenden “entregar a dedo y adjudicar en tiempo record a Pacific Terminal, liderada por un altísimo Ejecutivo, Bernardo Arosemena, con nexos al grupo Noboa y grupo Nobis, el contrato para almacenar la terminal de gas natural”.
La nueva Ley aprobada es la segunda en materia energética impulsada por el actual Gobierno con la promesa de acabar con los cortes de electricidad.
Ecuador sufre desde hace un mes apagones continuos y desde el pasado viernes se extendieron a 14 horas por día, a pesar de la promesa del Gobierno de reducir los cortes paulatinamente en medio de la severa crisis energética.
La ministra encargada de la cartera de Energía y Minas, Inés Manzano, consideró que es una medida «dolorosa, pero responsable» y afirmó que el país enfrenta una crisis dinámica y sin precedentes que «les obliga a adaptarse a escenarios cambiantes».
El anuncio de la extensión de los cortes generó duras críticas al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien decidió suspender la jornada laboral del 31 de octubre y sumarla al feriado que se extenderá hasta el 4 de noviembre.
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