La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (Antep) señaló que esa acción le representa al Estado un ahorro anual de 125 millones de dólares, por dejar de pagar el transporte del crudo y por cobro a privados que usan la infraestructura.
Es crucial que este proceso sea supervisado con rigor (…) incluyendo los exámenes de control y determinación de posibles responsabilidades a quienes demoraron sin justificación la transferencia, generando un posible lucro cesante al Estado, advirtió la Antep.
La organización denunció que la lucha y la defensa del OCP y de los recursos petroleros del país llevaron a la cruenta persecución del gobierno contra su dirigente, David Almeida, quien enfrenta un proceso jurídico en curso.
Inaugurada en 2003, esa tubería recorre 485 kilómetros para movilizar el petróleo desde los campos en el norte de la Amazonía hasta la terminal marítima de Balao, en la provincia costera de Esmeraldas,y de ahí sale para su exportación.
Actualmente sufre los estragos de la erosión del río Coca y se construyeron variantes tras estar varios días sin operar.
El contrato inicial concesionaba ese ducto por 20 años, que se cumplieron el 12 de enero de 2024, pero la empresa privada, cuyo actual accionista es la compañía argentina Pampa, firmó una prórroga para negociar la ampliación del contrato.
El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, envió el 25 de octubre una misiva a la empresa a cargo del oleoducto, en la cual ordena la transferencia completa de la operación y la infraestructura al Estado hasta el 30 de noviembre.
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