El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el 31 de mayo pasado un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF, en inglés) con la administración del presidente, Daniel Noboa, convenio que incluye un crédito de cuatro mil millones de dólares.
Esta nación sudamericana recibió en junio pasado el primer desembolso por mil millones de dólares de ese préstamo, en medio de críticas de políticos, expertos y representantes de los movimientos sociales y sindicales.
El FMI informó la semana pasada que revisará el impacto de la crisis energética en las necesidades de endeudamiento y crédito de Ecuador y en la situación fiscal.
«La situación todavía se está desarrollando, pero esperamos que tenga un impacto tanto en las condiciones económicas como en las necesidades fiscales», apuntó Ana Corbacho, subdirectora del FMI para América Latina y el Caribe.
No obstante, a inicios de este mes, el titular de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, anunció que esta nación busca recibir un nuevo crédito del organismo financiero para mediados de 2025.
Por otro lado, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional (parlamento) analizó lo pactado y recomendó declarar como ilegítimo el acuerdo SAF ya establecido, que consideran inconstitucional.
La mesa legislativa concluyó que el crédito no tiene como finalidad financiar el gasto social o invertir en el desarrollo, sino el pago de la deuda generada por préstamos anteriores del FMI y otros acreedores externos.
rgh/avr
