El texto amnistía a «todos los que participaron en manifestaciones con motivación política y/o electoral, o las apoyaron, por cualquier medio, incluyendo contribuciones, donaciones, apoyo logístico o prestación de servicios y publicaciones en medios sociales y plataformas, entre el 8 de enero de 2023 y la fecha de entrada en vigor de esta ley».
Según el proyecto, el perdón alcanza los «crímenes con motivación política y/o electoral».
Abarca «cualquier medida de restricción de derechos, incluso las impuestas por requerimientos, medidas cautelares, sentencias transitadas o no en sentencia que limiten la libertad de expresión y manifestación de carácter político y/o electoral en los medios de comunicación social, plataformas y medios sociales».
La iniciativa aún incluye en el perdón a todos los que participaron de eventos posteriores o anteriores al 8 de enero, siempre que mantengan correlación con los episodios citados de forma precedente.
Para el abogado criminalista Thiago Minagé, citado por el portal R7, resulta preocupante el hecho de que la propuesta incluya muchos períodos de tiempo en la absolución.
«Cuando se tiene una redacción genérica, se puede incluir en ella lo que se quiera», puntualizó.
El relator de la proposición, diputado federal Rodrigo Valadares, todavía incluye un pasaje que anula las multas aplicadas por la Justicia Electoral o común a personas físicas y jurídicas en virtud del 8 de enero.
Lo anterior podría alcanzar al Partido Liberal (PL), en el cual milita el exmandatario Jair Bolsonaro, multado en más de 22 millones de reales (cerca de cinco millones de dólares) por litigación de mala fe después que la organización política pidiera la anulación de votos de la segunda vuelta de la disputa presidencial en 2022.
Como el PL pagó el importe, el valor tendría que ser reembolsado, si la redacción final del texto se promulga de esa forma.
El profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, abogado André Perecmanis, evalúa el intento de amnistía como «flagrantemente inconstitucional por desviación de finalidad».
Advierte que, si el proyecto es aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será derrocado en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción de Lula, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Congreso Nacional.
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