Algunos diputados como el independiente Betsarai Richards apela a que se acepten las labores del Legislativo más allá del 31 de octubre, a lo que se niega el Gobierno que priorizó para el periodo extraordinario las reformas a la Caja de Seguro Social, un tema que mantiene en vilo a la sociedad panameña.
Richards señaló que todavía falta la mayoría de las instituciones del Estado por evaluar sus montos con la Comisión de Presupuesto, etapa que antecede a los debates en el pleno, según las normas.
En caso que no den los tiempos, dijo, la primera opción, es que, si no se llega a votación para rechazar o aprobar el proyecto en el Legislativo, a partir del 1 de enero de 2025 queda en facultad del Consejo de Gabinete reunirse para aprobar el presupuesto, tal cual fue presentado por el ministro de Economía y Finanzas(MEF), Felipe Chapman.
La otra alternativa es que el presupuesto se rechace y a partir del 1 de enero de 2025, empiece a regir el mismo de este año 2024.
No obstante, queda una tercera salida, si queda en la discusión de vistas presupuestarias y se terminan las sesiones ordinarias, el presidente, José Raúl Mulino, podría incluirlo en sesiones extraordinarias, comentó el diputado.
El presupuesto para 2025 ya ha sido modificado varias veces. La iniciativa presentada por el MEF inició con un monto de más de 26 mil millones de dólares y ya supera los 30 mil millones de dólares, solamente 1.8 por ciento menor al que rige este año.
Entre las modificaciones sobresale el apartado sobre el gasto público e inversión en el sector educativo, el cual no será inferior al siete por ciento del Producto Interno Bruto.
De igual manera, se incluye la asignación completa de los recursos financieros que se les debe asignar a los municipios y juntas comunales a través de la Autoridad Nacional de Descentralización y los fondos para funcionamiento establecido en las leyes vigentes para las universidades.
Sobre el tema, algunos analistas estiman el supuesto conflicto entre el Gobierno y el Legislativo sobre el Presupuesto genera dudas sobre si se trata de un desacuerdo genuino o una maniobra política cuidadosamente calculada.
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