A la par de la consideración del proyecto, la Asamblea General evalúa un detallado informe elaborado por la secretaría general de las Naciones Unidas con aportes de 180 países y una treintena de organismos adscritos al foro.
Agencias como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos o las entidades globales para el Comercio y el Turismo señalan los efectos críticos de esa política en cada una de sus áreas de interés.
Para la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, “un embargo de 65 años de duración contra todo un país plantea claramente graves preocupaciones a ese respecto”.
En tanto, la inclusión de Cuba en la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo, sumada al efecto acumulativo de más de 60 años de medidas impuestas y el contexto de la recuperación tras la Covid-19, tienen un grave impacto en la capacidad de la mayor de las Antillas.
El alto comisionado para los Derechos Humanos llamó a flexibilizar las medidas coercitivas tras recibir información de su impacto negativo en las garantías fundamentales de la población.
Por su parte, Cuba denunció en el informe la prolongación de las medidas unilaterales de mayor impacto sobre el pueblo y la economía cubanos, que continuaron reproduciendo y agravando los efectos devastadores del cerco, el más prolongado y abarcador de la historia.
“Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, el Gobierno de los Estados Unidos mantuvo la política de máxima presión contra Cuba, con la aplicación rigurosa del bloqueo económico, comercial y financiero como piedra angular”, detalló la representación de la mayor de las Antillas.
De acuerdo con el reporte, esa política se mantiene con el objetivo histórico de deprimir la economía y los salarios, crear carencias materiales y daños a los servicios públicos, provocar insatisfacción y desesperación en la población y subvertir el orden constitucional legítimamente establecido.
“El bloqueo es un crimen contra la humanidad, un acto de genocidio y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de más de 11 millones de cubanos. Es una cruel política de castigo», reconoció además el documento.
Las primeras medidas contra Cuba fueron anunciadas en 1959, poco después de triunfo de la Revolución.
Sin embargo, en 1962 la administración de John F. Kennedy anunció el primer gran bloque de medidas de larga data.
Disposiciones como la ley Helms-Burton, en 1996; la inclusión varias veces en la lista de naciones «patrocinadoras» del terrorismo y las más de 240 nuevas medidas adoptadas durante el mandato de Donald Trump (2017-2021) confirman la hostilidad del cerco, calificado por Cuba como una política de guerra en tiempos de paz.
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