Los fiscales manifestaron su oposición al fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, el 18 e octubre que absolvió a los acusados del caso Santa Marta, imputados de cometer un homicidio durante el conflicto armado (1980-1992).
Dicha demanda tiene como propósito anular el fallo que dejó en libertad a seis de ocho personas implicadas en el caso y con ello que se instale un nuevo juicio en su contra.
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta manifestó su absoluto rechazo al nuevo proceso y adelantó que hoy harán pública su posición.
Manifestamos nuestro rechazo total porque la decisión del tribunal fue apegada a derecho y la Fiscalía a pesar de no tener argumentos apela, suponemos que con el objetivo de alargar el proceso, puntualizó Alfredo Leiva, miembro de ADES Santa Marta, citado por medios de prensa.
El activista precisó que hay un plazo de cinco días para responder a la apelación impuesta por la Fiscalía, por lo que en esta semana presentarán una respuesta para que sea considerada.
A los procesados se les acusa por el homicidio de María Inés Alvarenga, un hecho supuestamente ocurrido el 22 de agosto de 1989.
Sin embargo la comunidad de Santa Marta sostiene que el caso tiene un trasfondo político y algunos sectores del país tratan de reactivar la minería metálica en El Salvador.
Entre los acusados hay cinco líderes ambientales del cantón Santa Marta, Victoria, Cabañas, quienes encabezaron la lucha para lograr la prohibición de la minería metálica en 2017, la cual hoy empresas extranjeras con el apoyo de sectores económicos internos tratan de retomar, según denuncias.
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