La víspera, ambos acusados se acogieron a su derecho al silencio en el inicio del proceso por su accionar durante los hechos de violencia de 2019 que desembocaron en la renuncia forzada del expresidente Evo Morales y en las masacres posteriores.
Este martes terminó la fase de incidentes y empezó el juicio propiamente dicho por los hechos de violencia de 2019.
Camacho y Pumari encabezaron los grupos que generaron violencia y se trasladaron a La Paz, donde tomaron el Palacio de Gobierno y dieron paso a la toma del poder por parte de Jeanine Áñez, quien cumple una condenada de 10 años por la forma ilegal en que asumió la cabeza del Senado y desde ahí se autoproclamó como presidenta.
El juicio transcurre en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal de La Paz, instancia que aceptó la víspera las correcciones realizadas por el Ministerio Público a la acusación contra Pumari y Camacho, quienes se abstuvieron de declarar, según el subprocurador, Ricardo Condori.
Como resultado, este miércoles será el turno de los representantes del Ministerio Público para que, desde las 10:30 hora de Bolivia, realicen la presentación de pruebas documentales de los hechos de 2019.
Asimismo, bajo el principio de celeridad procesal, el tribunal señaló audiencias para este 1 de noviembre y el día 4, cuando se reciban las declaraciones de todos los testigos, sean estos de cargo o de descargo.
“Estamos avanzando en el proceso, estimamos que en unas dos semanas ya podemos tener una sentencia condenatoria en contra de los ahora acusados”, opinó Condori respecto a la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty, cuyo abogado Jorge Nina anticipó que unas 50 personas comparecerán como testigos.
Pumari y Camacho son acusados en Golpe de Estado I por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado y otras ilícitas cometidas durante los hechos de violencia que en noviembre de 2019 forzaron la renuncia de Morales y la toma del poder en un gobierno de facto por parte de Jeanine Áñez.
La exgobernante firmó el 14 de noviembre de ese año el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
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