“Los operativos de control se están realizando al sector productivo cruceño, en el Parque Industrial a la producción de arroz, azúcar, maíz, aceite y otros”, aseguró el vicetitular.
Según una nota entregada a la prensa, el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria implementó estas medidas con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos esenciales en todo el país.
En un recorrido de control participaron también los viceministros de Políticas de Industrialización, Luis Siles; de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa; de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo; y de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
A estos chequeos se sumó el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) y las Fuerzas Armadas con el propósito de impedir que esos productos sean llevados ilegalmente a otros países fronterizos, donde se venden a precios varias veces más caros.
El Comité comprobó la disponibilidad de arroz para cubrir la demanda nacional, sin embargo, explicó que los bloqueos impiden la distribución de este alimento, carnes de pollo, res y cerdo, abastecidos en un 60 por ciento desde Santa Cruz, lo cual generó un aumento de precios en el mercado nacional.
“Los bloqueos que afectan la transitabilidad han dificultado el transporte de alimentos desde Santa Cruz y Cochabamba hacia el resto del país, lo que ha propiciado prácticas especulativas en el precio de productos esenciales, impactando a la población más vulnerable”, explicó el viceministro Silva.
El 9 de octubre último, el Gobierno nacional aprobó el decreto 5245 para sancionar el denominado contrabando a la inversa.
Dentro de este contexto, las Fuerzas Armadas desplazaron más de mil efectivos con la misión de ejercer control en los pasos hacia Perú, Chile y Argentina.
Al referirse al tema, el analista económico Martín Moreira señaló que este contrabando ocasiona al menos cinco consecuencias negativas para la economía boliviana y resaltó que el despliegue militar en las fronteras es una respuesta directa a esta problemática.
Comentó que esta ilícita provoca la pérdida de ingresos fiscales al evadir impuestos y aranceles aduaneros, lo que repercute directamente en la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructura, servicios públicos y programas sociales.
Mencionó también que esta práctica origina una competencia desleal dañina para los comerciantes legales y el empleo formal, lo cual debilita el mercado interno.
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