El Senado realizó la víspera la declaratoria de constitucionalidad del documento, después de un proceso que incluyó también su visto bueno en la Cámara de Diputados y en 23 congresos estatales.
Tras este paso, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la Dirección Jurídica para que, una vez que esté publicada y vigente, solicite a la Suprema Corte el sobreseimiento de toda controversia en contra de la reforma al poder judicial, promulgada en septiembre.
Esto, añadió, a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de la carta magna y “para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La publicación ocurre luego de que el ministro de la Suprema Corte Juan Luis González presentara un proyecto de resolución que propone cambios a la reforma judicial, entre estos, la anulación de la elección popular de jueces, al resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por formaciones políticas.
“Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional (…) no tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece” la carta magna, afirmó en días recientes la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar la votación de la Corte”, aseveró.
De acuerdo con autoridades y especialistas, la reforma judicial busca poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias existente en ese poder autónomo, lo cual ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Además de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la modificación a la carta magna en esta materia contempla otros puntos, entre estos, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte.
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