Colectivos feministas y de derechos humanos cuestionaron la falta de enfoque de género en la investigación y la aparente negligencia que ha permitido contradicciones y omisiones en el proceso, reseña la emisora Radio Pichincha que cita un comunicado de los grupos civiles.
Ese documento señala que la investigación de la Fiscalía presenta omisiones en la evaluación de pruebas claves, incluyendo testimonios contradictorios sobre los últimos momentos de la joven perteneciente al Ejército.
El Estado y la Fiscalía no han respondido a preguntas críticas, como el origen de los traumatismos encontrados en el cuerpo o el contexto en el que se permitió el consumo de alcohol en instalaciones militares, sostuvieron las organizaciones.
La uniformada fue aparentemente agredida en el Fuerte Militar Napo, en la provincia amazónica de Orellana el pasado 29 de junio y la autopsia indicó que su cuerpo presentaba varias lesiones, y se apuntó a «un presunto abuso sexual con fisuras».
El caso ha causado indignación en el país, pues sería el segundo femicidio en una institución de seguridad del Estado en los últimos dos años, luego de que en septiembre de 2022 fuera asesinada María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía.
Ecuador registró un total de 180 femicidios entre enero y el 27 de septiembre de este año, además de los casos de cinco mujeres desaparecidas en 2023, divulgó hoy la fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo.
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