La votación se realiza en el pleno virtual y los ministros de la corte tienen hasta el 11 de noviembre para depositar sus pareceres.
Tal análisis se lleva a cabo en medio de discusiones sobre la prescripción de parte de los delitos, lo que podría reducir la pena de Collor de ocho a cuatro años, librándolo de una sanción más severa.
El juicio continuará con el voto del ministro Gilmar Mendes, quien había solicitado una vista en junio, interrumpiendo la deliberación.
Actualmente, el STF evalúa los embargos de declaración presentados por la defensa del exmandatario, que cuestionan contradicciones en la sentencia, incluyendo la alegación de prescripción del crimen de corrupción pasiva.
La condena de Collor y otros dos acusados fue impuesta en mayo de 2023.
En septiembre, después de la publicación del veredicto, la defensa recurrió a la Procuraduría General de la República para rechazar los embargos.
Además de la corrupción pasiva, Collor también fue condenado por lavado de dinero en un esquema relacionado con la empresa BR Distribuidora, investigado en la operación Lava Jato.
Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, considerado el operador de la red, fue sentenciado a cuatro años y un mes de prisión, mientras que Luis Amorim, director de la organización Arnon de Mello, recibió una sentencia de tres años y 10 días. Los tres negaron las acusaciones.
En la apelación, la defensa de Collor argumenta que hubo desacuerdo entre los ministros sobre la pena de corrupción pasiva durante la votación en el pleno, lo que indicaría la prevalencia de la pena menor en lugar de la impuesta por el relator Alexandre de Moraes.
Hasta el momento, De Moraes y el ministro Edson Fachin votaron por mantener la condena contra el exjefe de Estado.
Para el primer juez, los acusados «tratan de rediscutir» cuestiones ya definidas, caracterizando un «mero inconformismo».
En cambio, el ministro Antonio Dias Toffoli defiende una reducción de seis meses en la pena del expresidente, sugiriendo que esa modificación reflejaría la media de los votos de los magistrados durante la acción penal, un enfoque que él considera más adecuado.
Collor gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció al mandato en momentos en que el Parlamento se aprestaba a concluir un juicio de destitución en su contra, por acusaciones de presunta corrupción de las que luego sería absuelto en el juzgado superior.
Ocupó un escaño en el Senado entre 2007 y 2023, y en el año anterior fue candidato sin éxito al cargo de gobernador del estado de Alagoas (nordeste), el cual había ejercido antes de llegar al poder.
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