De acuerdo con el portavoz del Comando General de la Policía Nacional, subcomisario Mateus Rodrigues, del 8 al 28 de octubre fueron incautados más de 462 mil litros de combustibles en nueve provincias del país.
Rodrigues apuntó que en ese periodo de tiempo 34 ciudadanos fueron detenidos por estar presuntamente vinculados al contrabando, entre los cuales se encuentran angoleños y extranjeros, refirió Correio da Kianda.
Esta semana la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en los próximos días informará los nombres de varios involucrados en el contrabando de combustible en el país, mientras que Novo Jornal publicó que la Fiscalía comenzó a citar a diferentes actores gubernamentales por esta causa.
La vicefiscal general Inocência Pinto afirmó que la PGR se encargará de llevar ante los tribunales a todos los ciudadanos sospechosos de estar involucrados en ese delito. Más allá de las pérdidas económicas, el tema mantiene el interés de la sociedad angoleña debido a los pronunciamientos del ministro de Estado y jefe de la Casa Militar del Presidente de la República, Francisco Pereira Furtado, quien el 13 de septiembre señaló que entre los implicados hay altos oficiales de las Fuerzas Armadas Angoleñas, la Policía, gobernantes y políticos.
A esto se sumaron las palabras del presidente, João Lourenço, que durante el discurso del Estado de la Nación, el 15 de octubre, afirmó que entre los contrabandistas hay políticos y diputados.
Las acciones contra el contrabando de combustibles continúan en Angola, fundamentalmente en las regiones fronterizas con Zambia, Namibia y la República Democrática del Congo (RDC).
El fenómeno constituye, además una preocupación para la seguridad nacional, un peligro dada su asociación con otros problemas como la migración irregular, el tráfico de seres humanos, el tráfico y contrabando de armas y la pesca ilegal.
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