Luego de acaloradas discusiones en comisión y en el pleno, la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda dio por aprobado el proyecto que sustenta recursos por 30 mil 111 millones de dólares y así cerró el periodo de sesiones ordinarias.
Durante el tercer debate del documento, avalado por 45 votos a favor y 26 en contra, la diputada independiente, Walkiria Chandler sostuvo que el peso de aprobar algo a todas luces inconstitucional, quedará bajo la responsabilidad de quienes decidieron respaldarlo.
Sostuvo que uno de los cuestionamientos es el rechazo de algunos de reducir la plantilla estatal y aseveró que el presupuesto aprobado pone en riesgo al país con los bancos y con las calificadoras y eso impacta y afecta a todos los panameños .
También el diputado por libre postulación Jorge González criticó la velocidad con la que se aprobó este proyecto en primer debate.
Por su parte la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) consideró que el Presupuesto estaba en condiciones muy alejadas de una gestión fiscal responsable y alineada con la realidad económica del país.
Además trascendió que el abogado Neftalí Jaén interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de Gabinete que autorizó de forma extemporánea al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentar ante la Asamblea el proyecto de presupuesto del Estado 2025.
En los últimos siete días, el Gobierno panameño indicó que impondrá multas entre 300 y cinco mil dólares a las personas extranjeras que ingresen al país de manera irregular.
De acuerdo con el Decreto ejecutivo publicado en Gaceta Oficial, la sanción se ajustará a las condiciones de vulnerabilidad de los viajeros ilegales y responde al auge de esos flujos a través de la selva de Darién en la frontera con Colombia, rumbo a Estados Unidos.
La norma indica que la situación constituye una clara violación a los puestos de control oficialmente habilitados y, en consecuencia, la configuración de una infracción migratoria administrativa.
El Decreto 194 estipula además que toda persona extranjera que entre al país violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o marítimos, no podrá salir del país sin antes haber cancelado esta sanción pecuniaria.
Añade que si el indocumentado no puede asumir la multa por falta de los recursos económicos, se procederá con su deportación de acuerdo con las leyes migratorias.
Para las personas consideradas en condiciones de vulnerabilidad, durante el tránsito por la jungla, se les impondrá una multa de 300 dólares por la primera vez, 600 dólares por la segunda, 900 dólares por la tercera y mil por cada una de las siguientes ocasiones.
Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Migración, en lo que va de año 274 mil 444 viajeros irregulares han ingresado al istmo, un 36,5 por ciento menos en relación con igual lapso de 2023, cuando lo hicieron 432 mil 211 personas.
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