El pleno del Legislativo votó 57 a favor, uno en contra y dos abstenciones por ampliar la normativa.
La medida suspende garantías constitucionales para facilitar “las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”, sostienen sus promotores.
El régimen, contenido en el decreto No.333 de fecha 27 de marzo 2022, suspende derechos fundamentales para la población como el de ser asistido por un abogado en caso de detención, ser informado de los motivos de la detención o el de la inviolabilidad de las comunicaciones o de asociación.
Según los legisladores salvadoreños tras más de dos años y medio, se mantendrá hasta terminar con el último pandillero, aunque en agosto el presidente Nayib Bukele planteó la posibilidad de prescindir de ella, que debía ser supuestamente temporal y que fue aplicada como estrategia de seguridad.
En una extensa entrevista con la Revista Time, el jefe de gobierno destacó sus logros con la detención hasta ahora de más de 82 mil pandilleros, por lo cual pudiera considerarse mantener los estándares de seguridad en el futuro sin el régimen de excepción.
“En algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”, planteó Bukele aunque no definió una fecha.
La ampliación del régimen de excepción coincide con una cadena de 11 jornadas consecutivas sin asesinatos que partió de octubre cuando se marcó un récord mensual de 27 días sin letalidades atribuibles a las pandillas.
Según el presidente de la Asamblea, el diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, la ampliación del régimen de excepción en El Salvador significa libertad para la población.
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