El juez Juan Carlos Checkley atendió así un pedido del abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien invocó la extinción del plazo de las pesquisas del caso de la destitución del jefe de del grupo especial de apoyo al Equipo Especial de Fuscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), coronel Harvey Colchado.
La Fiscalía pudo ampliar el plazo original antes de que este expire, algo frecuentemente en casos de pesquisas complejas, pero no lo hizo a tiempo debido a una controversia en el Ministerio Público sobre quién conduciría las pesquisas.
La investiación partía de indicios de que la mandataria y quien fuera su ministro del Interior, Walter Ortiz, habría incurrido en los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.
El diario La República, en su edición de Internet, anota el hecho de que el coronel Colchado fue destituido horas antes de que fueran detenidos por la Diviac el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y su abogado, Mateo Castañeda, por usurpación de funciones al intervenir indebidamente en nombramientos oficiales.
Entretanto, siguen pendientes las pesquisas por presuntos cargos de peculado y enriquecimiento ilícito, motivado por el uso por Boluarte de relojes de lujo y otras costosas joyas que no incluyó en su declaración patrimonial obligatoria.
La mandataria afirmó inicialmente que había adquirido con su dinero el primer reloj marca Rolex detectado por la prensa pero posteriormente dijo que en realidad se los había prestado un amigo y aliado político, Wilfredo Oscorima, gobernador de la región andina de Ayacucho.
Boluarte es objeto además de una acusación constitucional presentada por la Fiscalía ante el Parlamento por muertes registradas durante las protestas contra su ascenso a la Presidencia, por sucesión, en diciembre de 2022.
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