La sentencia responde a una denuncia presentada contra la vicemandataria por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien acusó a Abad de realizar campaña anticipada en las elecciones regionales de 2023, cuando ella aspiró a la alcaldía de Cuenca.
De acuerdo con la sentencia de Coloma, Abad no pierde sus derechos políticos, aunque Guarderas pretendía que fuese destituida de su actual cargo.
La resolución indica que “la imposición de una multa significativa es suficiente para disuadir a la denunciada y a otros actores políticos de incurrir en conductas similares en el futuro, sin necesidad de recurrir a sanciones más gravosas”.
A su vez, la vicegobernante, que se encuentra en Turquía, enfrentará el 7 de noviembre un juicio administrativo por haberse retrasado en su salida de Israel, donde estaba como embajadora, hacia su actual ubicación.
También enfrenta en el TCE otras causas promovidas por funcionarios de la administración del presidente Daniel Noboa.
Abad se considera víctima de decretos inconstitucionales y de una campaña de persecución política.
Asegura que el Gobierno de Noboa busca silenciarla para que “no interfiera en su campaña política de cara a las elecciones generales”.
Noboa confirmó su candidatura para los comicios de 2025 y ella debería asumir la presidencia mientras él esté de licencia para realizar campaña.
Las desavenencias entre los dos principales jefes del Ejecutivo ecuatoriano se evidenciaron desde la elección del binomio y luego, el 8 de diciembre de 2023 y a pocos días de asumir el cargo, Noboa envió a Abad a Israel como embajadora y colaboradora para la paz.
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