Un juez tomó la víspera esa decisión con la medida cautelar de arraigo y detención domiciliaria las 24 horas.
Detenido en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, desde diciembre de 2022 investigado en el expediente penal Golpe de Estado I, Camacho también fue imputado por varios delitos en Carro Bombero.
En este proceso se le acusa de incumplimiento de deberes; malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
La Fiscalía inició la pesquisa tras un incendio que afectó a más de un millar de gremialistas en el Mercado Mutualista cruceño la noche del 31 de julio de 2022.
En la madrugada del 1 de agosto de ese año, el gobernador llegó al centro de abasto, donde los comerciantes lo increparon por la “falta de condiciones” para atender ese tipo de siniestros.
Camacho respondió que la Gubernatura solo cuenta con carros cisterna y no de bomberos.
En ese contexto, asambleístas departamentales denunciaron que en octubre de 2021 aprobaron el presupuesto para comprar un carro para la lucha contra incendios.
Según la acusación del diputado del Movimiento al Socialismo Rolando Cuéllar, el vehículo fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública.
La Gubernatura rubricó un contrato presuntamente con una empresa “fantasma” para la compra de un carro de bomberos el 28 de enero de 2022, con entrega prevista para el 27 de junio de ese año, lo cual se incumplió.
Camacho es acusado en Golpe de Estado I por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado y otras ilícitas cometidas durante los hechos de violencia que en noviembre de 2019 desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales y la toma del poder por Jeanine Áñez en un gobierno de facto.
La exgobernante firmó el 14 de noviembre de ese año el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Según documentos de la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa».
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