La medida fue concertada en una sesión del consejo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte e integrado por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y los titulares del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
La reunión, convocada para tratar el problema de la inseguridad y el desborde de la criminalidad organizada, acordó establecer un marco legal que garantice el uso de la fuerza por policías y militares en cumplimiento de sus funciones, informó Boluarte en rueda de prensa.
Para ello, solo el Fuero Militar-Policial podrá juzgar a los uniformados por situaciones derivadas del uso de sus armas de reglamento, previo informe de la Inspectoría respectiva, añadió.
El Consejo de Estado es una instancia deliberativa y consultiva, por lo cual la medida acordada quedó pendiente de la aprobación por el Parlamento, donde fue rechazada recientemente por sectores de izquierda y centro, cuando fue incluida en un proyecto de ley.
“A pesar ello, el Gobierno de Dina Boluarte hizo de las suyas” para impulsarla a como dé lugar, señaló en su versión de Internet el diario opositor La República.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos señaló que solo los delitos relacionados directamente con las funciones militares y policías pueden ser juzgados en el fuero militar, pero si incurren en delitos comunes, deberán someterse al fuero civil u ordinario.
“Es grave que el Gobierno haya omitido ello y plantee una norma que resulta ajena a la práctica constitucional consolidada en nuestro país”, comentó.
Los críticos de la medida señalan también que las cortes militares pueden ser influenciadas por el llamado espíritu de cuerpo al juzgar a uniformados por hechos ocurridos cuando cumplían misiones.
Militares y policías de diversa graduación son investigados y eventualmente serán acusados por 50 muertes de civiles en la represión de las protestas sociales contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, por sucesión, en diciembre de 2022.
De otro lado, la presidenta Boluarte anunció el aumento de las penas de cárcel para los extranjeros que, habiendo sido expulsados, regresen clandestinamente a Perú.
rc/mrs
