La medida, que tendrá vigencia por seis meses, incluye a Gabriel Yepes, alias HH, quien es el comandante de esa estructura, que fue parte integrante de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) hasta el pasado mes de mayo.
Comuneros del Sur avanza en las negociaciones de paz con una delegación gubernamental, con la cual se comprometió a detener las prácticas asociadas a las retenciones con fines monetarios, el reclutamiento de menores, al tiempo que aseguró que brindará garantías para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Nariño, en el suroeste del país.
La resolución de la Fiscalía, sin embargo, excluye de su jurisdicción las órdenes de captura que puedan ser dictadas por hechos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, se aplicará únicamente en las zonas rurales de los municipios de Andes, Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego y Santacruz de Guachaves.
También podrá ser usada en Bogotá y en otras ciudades capitales, pero de manera exclusiva para casos en lo que se requiera de la movilidad de los guerrilleros para las acciones relacionadas con los diálogos.
Tras el anuncio del ELN de que separó de sus filas a Comuneros del Sur, el Gobierno comunicó que, tomando en cuenta su disposición para dialogar, daría a ese frente un tratamiento como grupo distinto e independiente de la organización nacional.
A principios del pasado mes de agosto, representantes gubernamentales y delegados del mentado grupo firmaron un acuerdo para la paz de Nariño, donde operan, que establece una hoja de ruta para poner fin a la violencia armada en esa región del suroeste colombiano.
Un mes más tarde, el presidente Gustavo Petro autorizó de manera formal la instalación de una mesa de diálogos de paz con Comuneros del Sur.
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