El mandatario hizo alusión al tema en su discurso de apertura de estas jornadas, que continúan hasta el 13 de noviembre de 2024, y a las cuales asisten alrededor de tres mil 500 actores del sector, expertos nacionales e internacionales, activistas de derechos humanos y académicos de diversas procedencias.
En el evento, que tiene como propósito hacer un diagnóstico serio de la salud de la justicia congoleña, Tshisekedi lanzó una advertencia a los magistrados contra los antivalores que los caracterizan en el ejercicio de su profesión.
“La Nación los está observando, y sepan que cualquier incumplimiento, cualquier compromiso que no sea con la justicia, será castigado en adelante. Se acabó el tiempo de las advertencias. Con firmeza inflexible se tomarán las medidas necesarias para extirpar de las filas a quienes traicionen su misión y, por extensión, su juramento”, sostuvo.
Añadió que el país ya no tolerará la negligencia y que cada acto y decisión debe ser un reflejo de la integridad y el respeto que deben encarnar.
El jefe de Estado congoleño afirmó que la justicia “será limpiada de sus plagas para que la salvación del pueblo congoleño ya no esté comprometida por intereses egoístas y corruptos”, y ratificó su compromiso personal con ese propósito.
Exhortó a aprovechar el encuentro para examinar con lucidez y honestidad el estado actual del sistema judicial, identificar los desafíos que obstaculizan su funcionamiento y trazar los caminos hacia su renacimiento.
Instó a trabajar incansablemente por el fortalecimiento, la eficiencia, la coherencia y la credibilidad, y dijo que en tal sentido las jornadas de los Estados Generales de Justicia deben ofrecer todos las soluciones posibles, incluidas “reformas legislativas valientes y ambiciosas”.
El ministro de Justicia, Constant Mutamba, enumeró las diversas debilidades experimentadas y propuso soluciones, indicando que “este encuentro está lejos de ser un lugar de confrontación entre las partes interesadas, sino más bien un marco para la toma de conciencia política”.
Desde la designación del nuevo Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y los magistrados han tenido varias confrontaciones y se han acusado mutuamente de obstaculizar el ejercicio de la Justicia.
La reunión debe contribuir a solventar las diferencias entre las partes.
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