La medida fue acordada por el Consejo de Estado, órgano consultivo que congrega a los poderes de Estado, las Fuerzas Armadas y otras autoridades, en una sesión encabezada por la presidenta Dina Boluarte.
Forma parte de una serie de planteamientos para mejorar la seguridad ciudadana, en crisis por el desborde de la criminalidad organizada.
La parlamentaria progresista Sigrid Bazán señaló que ese tipo de medidas no sirven para el combate a la delincuencia, sino a algunos policías que cometen determinados delitos que deben ser juzgados por tribunales comunes.
Se refirió así a otra norma, aprobada anoche por el Parlamento, que prohíbe a fiscales y jueces pedir y aprobar, respectivamente, que los policías imputados por hechos registrados por el uso de su armas durante el cumplimiento de operaciones.
El diario La República precisó que el citado consejo concertó varias normas “supuestamente destinadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana pero que terminan favoreciendo a la impunidad y criminalidad”.
El abogado Juan José Quispe, especialista en derechos humanos, afirmó que la medida permitirá que sean juzgados por el fuero castrense los policías y militares indagados por muertes registradas en las protestas contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, en reemplazo del hoy encarcelado mandatario Pedro Castillo.
Para el jurista, el acuerdo del Consejo es claramente contrario a la constitución, según la cual solo los llamados delitos de función deben ser juzgados por las cortes militares.
Además, indicó, la medida contradice un dictamen del Tribunal Constitucional, que delimita los alcances de la justicia castrense.
“La justicia castrense es un ‘fuero privativo’ centrado en el conocimiento de las infracciones cometidas contra los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, explicó.
Quispe añadió que los policías y militares acusados de delitos comunes deben ser juzgados por el Poder Judicial.
Desde otro punto de vista, el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Juan Carlos Liendo, declaró que el cuestionado proyecto es un “engaña muchachos” y una farsa que busca encubrir incompetencias en la lucha contra la inseguridad.
Sostuvo que la propuesta carece de integralidad, pues se limita al uso de las armas, sin incluir la estrategia, las órdenes, el control de las operaciones y la cadena de mando.
Calificó como un “té de señoras” al Consejo de Estado porque carece de organicidad, pues no tiene facultades, no es un organismo que figure en la Constitución y tiene carácter solo consultivo.
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