El mes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, decidió crear una comisión especial para analizar el proyecto que otorga perdón a los condenados por los episodios antidemocráticos perpetrados en esta capital.
La medida retira de la Comisión de Constitución y Justicia el control de la discusión, frenando el progreso de la propuesta en la Cámara baja.
Según la investigación realizada por la corte, el juzgado superior absolvió a cuatro personas, siendo 223 condenas por los delitos más graves (participaron en la depredación del patrimonio) y tres absoluciones en estos casos.
También más de 42 sanciones por delitos menores, de las personas que estaban frente a los cuarteles, y una absolución.
Además, se firmaron 476 Acuerdos de No Persecución Penal, con la Procuraduría General de la República, en los cuales los acusados pagan multa y hacen curso de democracia, entre otros.
Los detenidos durante los ataques a los edificios de la capitalina plaza de los Tres Poderes fueron acusados por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daños calificados y deterioro del patrimonio declarado.
Tales actos extremistas dejaron un perjuicio material de 20,7 millones de reales (unos cuatro millones de dólares).
En las condenas, el Supremo estableció el pago de una multa de 30 millones de reales (unos seis millones de dólares), dividido entre todos los acusados, por daños colectivos.
Bajo gritos de intervención militar y de rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 los edificios del STF, el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
La Policía Federal (PF) informó que concluiría este mes la investigación sobre la participación de Bolsonaro y aliados en el intento de golpe de Estado.
Trascendió que el informe final de la PF debe presentar nuevos mensajes encontrados en dispositivos electrónicos de implicados en la asonada.
En la evaluación de los policías, este material confirma y refuerza la participación del político ultraderechista en la elaboración de un proyecto de golpe discutido en reuniones celebradas en el Palacio de la Alvorada (residencia oficial de los gobernantes) después de las elecciones de 2022, cuando salió derrotado en las urnas ante Lula.
Declaraciones a los peritos policiales revelan encuentros entre autoridades para el complot.
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